Por Germán Herrera*
Al escuchar determinados
argumentos de la oposición, a propósito de los proyectos de reforma del Poder
Judicial que se debaten en el Congreso de la Nación por estos días, se puede
establecer una relación de dichos argumentos con viejas disputas que remiten a los
orígenes sociológicos.
Saint-Simon es considerado uno de
los impulsores de este campo específico de conocimiento y quien desarrolló la
rama positivista de esta disciplina. Positivista en el sentido de estudiar
“científicamente” a la sociedad, es decir, adaptando los mismos métodos que utilizaban
otras ciencias dirigidas al conocimiento de la realidad físico-natural, que se
encontraban en auge en el siglo XIX (métodos como la observación, la
comparación, la clasificación y la experimentación), identificando al cuerpo
social como un objeto de estudio similar a un organismo natural, pudiendo
analizar, como lo hacen las ciencias naturales, tanto cada una de sus partes y sus
interrelaciones (anotomía) como su funcionamiento general (fisiología). Pero
positivista también en el sentido spenceriano del término -que es el enfoque en
el cual haremos eje cuando hablemos de la actitud que la oposición ha tomado
respecto del debate mencionado- que es una expresión más extrema y más conservadora que
la que proponía Saint Simon y otros tantos positivistas y posteriores
funcionalistas.
Para Spencer la sociedad es algo
enteramente natural y tratar de cambiarla es como modificar un árbol, un animal
o cualquier otro elemento de la naturaleza. El orden social establecido es algo
dado y por lo tanto son inútiles los cuestionamientos que se hagan al respecto
y reprobables los intentos por modificar aspectos de la sociedad o el conjunto
de aspectos que la constituyen y hacen de ella lo que es.
No fue casual que la manera en
que Spencer interpretó la obra de Charles Darwin lo llevó a elaborar un enfoque
que se dio a conocer como socialdarwinismo o sociobiología, la cual sostenía
que ciertas sociedades o ciertos sectores sociales son naturalmente superiores
a otros. Por lo tanto, para este autor, determinados sectores sociales conducen
y se imponen naturalmente al resto del conjunto social, sin necesidad de
legitimación democrática y popular.
Luego, por supuesto, aún con sus
defectos y limitaciones como cualquier construcción teórica, se elaboraron teorías
sociológicas críticas de las desigualdades predominantes y de los sistemas
teóricos que justifican y legitiman dichas desigualdades.
A esta altura el lector se
pregunta cuál es la relación del contenido de la nota con su inicio, es decir,
la discusión actual en torno a la
reforma del Poder Judicial en la Argentina de hoy. Y por supuesto la tesis de
esta nota sostiene que dicha relación es concreta y palpable.
La relación radica en que los
argumentos opositores en torno a esta discusión sostienen un enfoque
spenceriano de la sociedad, porque el Poder Judicial, en dichos argumentos,
aparece como un poder divino, incuestionable, oscuro e inaccesible para las
grandes mayorías, para los invisibilizados de la historia, para los sectores
populares, y no como una institución compuesta por personas, con valores e
ideologías diversas y concretas, con contradicciones y errores propios de una
institución de tales características, es decir, como un poder político como los
otros que conforman la República. En el momento en que la oposición, la
corporación mediática, la corporación judicial y parte de la sociedad considera
que la discusión por tener un Poder Judicial más transparente y cercano a los
intereses de las grandes mayorías, se torna un ataque a la “independencia” de
ese poder, a la República en su conjunto, y que solamente están en condiciones
de dar dicha discusión determinadas elites que tienen el conocimiento adecuado
para hacerlo y para conducir ese poder, esto deja al desnudo un contenido
ideológico que legitima y justifica la falta de acceso a la justicia por parte
de los sectores populares.
Porque más allá de que los proyectos
siempre son perfectibles, el argumento de la oposición, aún en sus variantes
progresistas, consiste en que dichos proyectos constituyen una afrenta a lo que
siempre fue la República para ellos, aquella República conducida por las
minorías liberales y elitistas y que cree que el conjunto social solo puede ser
conducido por los que naturalmente están en condiciones de hacerlo.
¿Porqué quién podría estar en
contra del voto popular en la elección de los funcionarios que componen el
Consejo de la Magistratura, quién podría estar en contra de establecer reglas claras
que den transparencia al ingreso de los funcionarios judiciales, quién podría
estar en contra de la publicación de declaraciones patrimoniales de los jueces?
Solo alguien que sostenga una visión spenceriana de la sociedad. Solo alguien que justifique y
legitime las desigualdades y las injusticias de siempre.
Más allá de las simpatías o
diferencias que se puedan tener con determinado Gobierno, lo que está en juego
es la disputa por la construcción de una sociedad que responda a los intereses
de las grandes mayorías, respetando la diversidad y la pluralidad de los
diferentes intereses en pugna y resolviendo los mismos de una manera
democrática. En ese marco todas las diferencias son aceptadas y, sobre todo,
son legítimas. Pero lo que debe ser intolerable para toda sociedad democrática
es la imposición de un estado de cosas que sea producto de decisiones tomadas por
poderes fácticos que siguen ocupando lugares de privilegio, a los cuales llegaron
simplemente por ser poseedores de un capital social, cultural o económico del cual
han gozado históricamente. Las reformas propuestas ponen en cuestión eso y es democráticamente
saludable que así sea.
*Miembro de la Agrupación Estudiantes Por una Alternativa en Derecho
(EPA Derecho). La agrupación participa del Espacio Justicia Legítima
